Móstoles Digital
Se considera que la tasa impuesta por la Ley 7/2022 vulnera los principios contenidos en la Constitución Española relativos a la autonomía local, suficiencia financiera y justicia tributaria.
El Ayuntamiento de Móstoles aprobó ayer, en la sesión ordinaria de noviembre, a propuesta del Grupo Popular, exigir al Gobierno de España derogar la tasa de basuras impuesta a los ayuntamientos por la Ley 7/2022.
El acuerdo considera que se trata de un tributo local obligatorio por imposición estatal, que vulnera los principios de autonomía local, suficiencia financiera y justicia tributaria, contenidos en la Constitución Española.
El Ayuntamiento además solicitará la reforma de la normativa vigente con el objetivo de garantizar el respeto a la autonomía municipal y a la potestad tributaria local. En este sentido, se reclamará un sistema flexible de financiación que permita a los ayuntamientos cubrir el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos con cargo a sus presupuestos municipales o mediante modelos mixtos. Además, se propone la incorporación de incentivos al reciclaje y a la economía circular, en sustitución de penalizaciones generalizadas, así como la posibilidad de establecer bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas y autónomos con bajos ingresos.
Como medida complementaria, el pleno acordó instar al Gobierno central a paralizar cualquier iniciativa que suponga nuevas subidas de impuestos para trabajadores, familias y autónomos, mientras no se garantice un sistema fiscal justo, equitativo y sostenible.
Asimismo, se reclamará la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos, destinado a mejorar los sistemas locales de recogida y tratamiento de residuos, evitando que toda la carga económica recaiga directamente en los ciudadanos.
«Estamos ante una norma injusta que convierte a los ayuntamientos en simples intermediarios recaudatorios y obliga a repercutir a los vecinos el coste total del tratamiento de residuos. Esta ley invade competencias municipales reconocidas en la Constitución y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los municipios. Los mostoleños tenemos el derecho a decidir cómo gestionar nuestros propios recursos», señala el alcalde, Manuel Bautista.
