El Grupo Municipal Socialista de Móstoles llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir una investigación exhaustiva sobre los hospitales públicos de gestión privada en la Comunidad de Madrid, con especial atención al Hospital Universitario Rey Juan Carlos, gestionado por el grupo Quirón, tras los hechos conocidos en el Hospital de Torrejón,
gestionado por el grupo Ribera, que han puesto en cuestión el modelo concesional sanitario.
La iniciativa se presenta ante el deterioro de la sanidad pública madrileña y las desviaciones presupuestarias millonarias registradas en los últimos años en los hospitales concesionados, mientras la Atención Primaria y los centros de gestión pública directa sufren falta de recursos y aumento de las listas de espera.
Claro, ejemplo de esto son las denuncias que vienen realizando desde el PSOE en la localidad, sobre los retrasos que han llegado a alcanzar más de seis meses para mamografías en el hospital universitario, centros de salud, sin pediatras o especialistas en salud mental, y la especial derivación y agilidad en pruebas diagnósticas en el Hospital Rey Juan Carlos, incluyendo horario nocturno.
La moción se apoya en las informaciones conocidas sobre el Hospital de Torrejón, donde la empresa concesionaria habría priorizado criterios económicos frente a criterios clínicos, con prácticas como el incremento deliberado de listas de espera o el rechazo de pacientes considerados no rentables.
Alex Martín, ha señalado que “lo ocurrido en Torrejón es extremadamente grave y genera una
duda razonable sobre si estas prácticas pueden estar produciéndose en otros hospitales
concesionados, entre ellos el Hospital Rey Juan Carlos”.
Martín ha advertido de que “no se puede permitir que la rentabilidad empresarial se sitúe por encima del derecho a la protección de la salud”, y ha reclamado “transparencia, control público y garantías de que los criterios clínicos son los únicos que guían la atención sanitaria”.
A través de la moción, el Grupo Socialista solicita a la Comunidad de Madrid la apertura inmediata de una investigación exhaustiva sobre todos los hospitales públicos de gestión privada, la publicación de los expedientes de modificación presupuestaria vinculados a las concesionarias desde 2019 y la creación de un sistema de auditoría pública, independiente y permanente.
La iniciativa también insta a iniciar un proceso de reversión progresiva de las concesiones
sanitarias hacia un modelo de gestión pública directa.






